A partir del 28 de Diciembre del 2002 la Procuraduría General de la República comienza a realizar averiguaciones previas respecto del conflicto entre la s televisoras TV Azteca y CNI, sin embargo los días continuos no se da una solución y los conflictos jurídicos entre ambas empresas continua sin ningún arreglo.

El 7 de enero Tv Azteca y Canal 40 deciden pactar una tregua con el objetivo de negociar, sin embargo las platicas se rompen el 9 de enero, fue así como “al no llegar a un acuerdo en la disputa que mantienen las televisoras por la operación y posesión de la frecuencia de la estación televisiva, el gobierno federal dispuso el aseguramiento de las instalaciones,” (La “toma del Chiquihuite” en Revista Mexicana de Comunicación. Marzo-Abril 2003).
Dicha medida fue comunicada por el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel quien así mismo dijo que esa decisión era con base en lo estipulado en la Ley Federal de Radio y Televisión (Art. 104), del mismo modo señaló que el periodo de aseguramiento estaba sujeto a la resolución emitida por las autoridades judiciales.
Los días pasaban y la situación seguía sin ninguna solución, únicamente era posible percatarse de la evasión del cumplimiento de la ley, pero para el día 24 de enero el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa estableció que las instalaciones del Chiquihuite le pertenecían a CNI a la cual se le reconoció legítimamente como la concesionaria del canal 40.
Los días pasaban y la situación seguía sin ninguna solución, únicamente era posible percatarse de la evasión del cumplimiento de la ley, pero para el día 24 de enero el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa estableció que las instalaciones del Chiquihuite le pertenecían a CNI a la cual se le reconoció legítimamente como la concesionaria del canal 40.
Finalmente, Jenaro Villamil en el artículo “La batalla del Chiquihuite” publicado en la Revista Mexicana de Comunicación de marzo-abril del 2003 concluye: “[…] el lunes 10 de febrero, la SCT ordenó una multa de alrededor de 250 mil pesos para Televisión Azteca. La vieja y anquilosada Ley Federal de Radio y Televisión fue utilizada para sancionar a una empresa que perdió la batalla en la opinión pública.”
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